DECRETO NUMERO 62-98

El Congreso de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales en los que adquiere el compromiso de luchar contra la narcoactividad;

CONSIDERANDO:

Que es necesario emitir disposiciones complementarias que permitan obtener beneficios de utilidad pública, a efecto de prevenir y combatir la criminalidad a través del uso por parte del Estado, de bienes muebles que hayan sido utilizados en forma ilegal, en contra de la población guatemalteca;

CONSIDERANDO:

Que para el logro de esos propósitos se hace indispensable contar con armas, vehículos, naves y aeronaves empleados en la ejecución de delitos, por ello deviene imperativo crear la figura que garantice el uso de esos bienes durante la etapa del proceso penal en que los mismos no pueden ser devueltos,

POR TANTO,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

ARTICULO 1. Se reforma el último párrafo del Artículo 18 del Decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad, el cual queda así:

“Los bienes decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial, pero serán destinados especialmente a la lucha y prevención de los delitos a que se refiere esta ley. Se exceptúan los bienes a que se refiere el Artículo 57 de la presente ley, los cuales pasarán a formar parte del patrimonio de la Policía Nacional Civil”.

ARTICULO 2. Se reforma el Artículo 57 del Decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad, el cual queda así:

“ARTICULO 57. Secuestro y embargo. Es secuestro judicial penal debe recaer sobre todos los bienes, instrumentos y objetos del delito susceptibles de comiso y para asegurar las obligaciones civiles derivadas del delito, el embargo sobre bienes suficientes que cubran las mismas.

Los Jueces, de manera preferente a las medidas anteriores y mientras dure el proceso en cualquiera de sus etapas, dispondrán que los bienes muebles incautados, secuestrados o embargados por los delitos a que se refiere la presente ley, y que por su naturaleza y características puedan ser útiles en actividades de prevención y combate contra la narcoactividad, sean usados con exclusividad para la finalidad anterior, siempre y cuando no pertenezcan a tercero.

El Juez decretará de inmediato la entrega de los citados bienes, instrumentos u objetos al Director General de la Policía Nacional Civil o quien lo represente, mediante acta que contenga su más completa descripción. Este documento formará parte de las constancias del proceso y a partir de su suscripción, la institución podrá hacer uso de los bienes para la finalidad señalada en el párrafo anterior"”

ARTICULO 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en la ciudad de Guatemala, a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES,
Presidente.

MARIO PORTILLO Y PORTILLO,
Secretario.

VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ,
Secretario.

Palacio Nacional: Guatemala, veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

Publíquese y cúmplase.

ARZU IRIGOYEN

Lic. CESAR AMILCAR PANTALEON HERRERA,
Viceministro de Gobernación,
Encargado del Despacho.

Lic. HECTOR ADOLFO CIFUENTES MENDOZA,
Secretario General de la Presidencia de la República